Este trabajo analiza las directrices y los límites de las principales políticas públicas, en relación con la Agricultura Familiar Campesina (AFC). Políticas administradas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); por el Ministerio de Hacienda (MH) que subvenciona ancianos pobres; y por la Secretaría de Acción Social (SAS) con su programa de transferencia condicionada – Tekoporã.
Estos servicios son positivos y perentorios, tienen resultados claros y sólidos, pero son insuficientes, ya que no participan en el cambio de las condiciones que crean los problemas y la exclusión. Se ha pasado de un enfoque reformista para el desarrollo, a otro de la protección social: desde la lucha por la reforma a la lucha contra la pobreza. En general, esto caracteriza a la política social actual en relación a la AFC.
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