Antes que nada se debe analizar si es éste un momento en que se dan las condiciones propicias para la realización de una reforma del Poder Judicial que pueda significar un mejoramiento de la organización y el funcionamiento del mismo, sin que exista exposición a un eventual retroceso en cuanto a las normas que lo regulan.
Nos atreveríamos a decir que para paliar los problemas del poder judicial se requieren medidas radicales y sostenidas de órganos administrativos, y que la patente evidencia de su carácter de injusticia no hace necesaria la intervención previa de órganos jurisdiccionales en el marco de un proceso que concluya declarando tal carácter, determinando cuáles deben ser las medidas a adoptar y quiénes deben ser los beneficiarios de tales medidas, porque todo ello salta a la vista.
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