El Poder Judicial se encuentra en una situación en la que le es imperioso comenzar un profundo proceso de cambio. El proceso de modernización iniciado con la nueva constitución de 1992 y la apertura democrática ha realizado importantes avances, sin embargo no ha logrado modificar de un modo radical las prácticas anteriores ni han generado un sustento estructural y perdurable para una verdadera y completa independencia judicial. Tampoco se ha logrado revertir muchas de las condiciones de ineficacia y grandes sectores de la administración de justicia no cumplen los postulados de oralidad, accesibilidad y simplicidad que estatuyó la Constitución de 1992.
Existe un creciente reclamo ciudadano para limitar la injerencia de los partidos políticos en el nombramiento de jueces y magistrados. Todos estos puntos, sumados a la actual crisis de la Corte Suprema hacen imperioso la presentación de un nuevo modelo que establezca bases institucionales renovadas para el Poder Judicial.
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